Importancia de la Legislación concursal

Las condiciones sociales y económicas que prevalecían en México en la década de los años cuarenta se han transformado radicalmente. Nuestra población se ha multiplicado en cinco veces, el producto interno bruto ha crecido en más de quince veces, la participación de los sectores industrial y de servicios se han incrementado significativamente y la del sector primario se ha reducido. El crecimiento demográfico y la marcha del campo hacia la ciudad han sido de gran multitud. Los avances en las telecomunicaciones y los medios de transporte se han dado a pasos agigantados, en ese entonces inimaginables.

La forma de hacer negocios también es distinta. Anteriormente la mayoría de las empresas comerciales eran unipersonales o familiares y relativamente fáciles de administrar. Hoy en día las relaciones comerciales son más complejas y sujetas a un mayor número de factores, algunos de carácter internacional que afectan la vida económica de las naciones individualmente consideradas -aunque de distinta forma y grado-, y otros que son propios de las realidades nacionales; que inciden sobre la marcha de la empresa. Los ciclos de los productos se han hecho más cortos, y las empresas están expuestas a cambios más frecuentes y en ocasiones más pronunciados, en las condiciones de los mercados financieros. Todo ello obliga a las empresas a transformarse más rápidamente.

La economía, de ser típicamente  regional, fue integrándose hacia una economía nacional, hasta entrar en una etapa de inserción en la economía mundial. Paralelamente, los mercados de dinero y bursátil, que hace medio siglo eran prácticamente inexistentes, han adquirido una gran preponderancia como medio financiero de desarrollo. Nuestro país se ha integrado ala economía mundial en respuesta a los beneficios que ofrece el proceso de globalización, no solo en lo que se refiere al intercambio de bienes y servicios con el exterior, sino que también se han integrado a los crecientes flujos financieros y de inversión.

Existe, sin embargo, un serio problema cuando se dan condiciones que llevan a un empresario, de manera rápida e irremediable, a enfrentar problemas económicos y financieros; incluso cuando ello sea motivado por un error de cálculo  o previsión cometido por un empresario honesto, competente y próspero. La empresa, considerada como la organización de trabajo, bienes materiales e intangibles destinados a producir u ofrecer profesionalmente bienes y servicios al mercado, con fines lucrativos, puede tener éxito o bien encontrarse en serias dificultades que amenacen su supervivencia. La quiebra de una empresa no trata de un incumplimiento singular y concreto de una obligación, sino de un incumplimiento general, que afecta a todos los que tienen relación con la empresa; e igualmente afecta la supervivencia económica de los trabajadores que laboran en ella, de manera que su quiebra repercute en todo su entorno social.

Por todo lo anterior, el marco jurídico no puede permanecer al margen del avance de la sociedad. Para impulsar un crecimiento económico sano y sostenido, que ofrezca oportunidades de desarrollo a toda la población una condición necesaria es la de contar con un marco jurídico apropiado que ofrezca certidumbre y confianza en la solución de conflictos entre particulares, facilite la reasignación eficiente de los recursos productivos en la economía y contribuya a que la salida de empresas de los mercados afecte los menos posible su entorno social y económico. El marco jurídico que regula la actividad económica en este sentido  ha venido modernizándose durante los últimos años. No solo se han establecido acuerdos comerciales con los principales países del mundo, también se expidió la Ley Federal de Competencia y se han se han realizado avances importantes en la forma de resolver conflictos entre los particulares, destacando entre ellos la Ley de Arbitrajes.

Así, la situación de una empresa que enfrenta problemas económicos o financieros que amenacen su supervivencia se constituye en un objeto de interés publico, el cual requiere una participación congruente con la realidad económica, apoyándose en las instituciones para la impartición de justicia y, por otra parte, en la experiencia y conocimientos que agentes independientes puedan aportar a este tipo de proceso. En buena medida a ello responde la preocupación, no solo de México, sino de países con más alto grado de desarrollo económico, como Alemania, España, Francia, Inglaterra y Holanda, y de países con similar estructura económica como Argentina, Brasil, Chile, Indonesia, Perú y Colombia, para revisar, actualizar y modernizar el marco  jurídico de la quiebra de una empresa.